Cuando las dificultades se agravan y se enfrentan potenciales sanciones de alto importe, el rol de un abogado fiscal se torna decisivo, pues debe combinar habilidades de negociación con la Hacienda Pública con un conocimiento profundo de la jurisprudencia más reciente y de los criterios interpretativos de la Dirección General de Tributos. Estos profesionales, comúnmente denominados abogado fiscalista, construyen estrategias encaminadas a minimizar las sanciones y a proponer pagos fraccionados que alivien la presión financiera sobre el contribuyente. Por su parte, el abogado hacienda asume la defensa en sede administrativa y contencioso-administrativa, preparando los escritos de alegaciones, las consultas vinculantes y los recursos frente a notificaciones de liquidación practicadas, mientras coordina la posible obtención de aplazamientos o fraccionamientos de deudas que permitan reestructurar la tesorería.